? El acceso a contenidos innovadores y de calidad contribuye a garantizar la equidad.
? Políticas dispares de financiación de las ayudas a las familias para los recursos educativos en lugar de contribuir a la igualdad de oportunidades la destruyen. Sólo producen caos y desorden.
? Los cursos 1º, 3º y 5º de Primaria cumplen el quinto año con el currículo LOMCE, lo que supondría la renovación de los materiales, algo que, por primera vez, no se ha producido con carácter general.
? La riqueza y variedad de la oferta editorial garantiza la pluralidad didáctica y pedagógica, así como la pluralidad cultural e ideológica, siempre dentro del marco normativo.
? ANELE lamenta que la incapacidad de los políticos para alcanzar un pacto por la educación acabe perjudicando la formación de los alumnos.
? Los precios de los libros de texto se incrementan un 1,6% este curso, por debajo del IPC.
? Casi un 50% de alumnos reciben algún tipo de ayudas para la adquisición de libros de texto, según los datos facilitados por las Comunidades Autónomas.
La heterogeneidad de las políticas educativas en las Comunidades Autónomas y la creciente descoordinación hace que existan diferencias entre los alumnos de las distintas regiones y que no todos puedan acceder a recursos educativos -libros y materiales curriculares- innovadores, actualizados y de calidad. Esta es una de las principales conclusiones del Informe ‘El libro educativo en España. Curso 2018-2019’, elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) que analiza, entre otros aspectos, la situación en la que las empresas editoriales desarrollan su actividad en España.
Este informe constata que, además de las diferencias curriculares que ya se plantearon el pasado curso, existen notables diferencias y descoordinación en los criterios y políticas de financiación de las ayudas para la adquisición de los libros de texto entre las Comunidades Autónomas, lo que tiene como consecuencia inmediata que no todos los estudiantes tengan acceso a las mismas herramientas didácticas ni a los mismos recursos pedagógicos ni en las mismas condiciones económicas ni con los mismos niveles de actualización.
Para los editores, los recursos y contenidos educativos deberían ser un factor para favorecer la equidad, pero, en lugar, de fomentar la unidad, la igualdad de derechos y oportunidades, parecería que el objetivo de las administraciones educativas es diferenciar a sus alumnos y favorecer la desigualdad.
“Las ayudas para la adquisición de los libros educativos son, sin duda, una contribución muy positiva para las familias, y deberían servir para fomentar la equidad y dar acceso a los mismos recursos a aquellos que no disponen de ellos en todo el territorio español. Esto no debería ser un problema, pero lo es por el desorden y el caos que preside las prácticas de las diversas comunidades autónomas”, apunta el informe.
El informe señala que existe tal diversidad de sistemas y una dotación y aportación de recursos económicos tan diferente entre las distintas comunidades que crea claras desigualdades entre los alumnos en función de donde residen. Las aportaciones de las comunidades autónomas por alumno son sumamente desiguales y van desde la financiación total a aportaciones restringidas a centros con especiales dificultades económicas. No obstante, estas políticas están condicionadas y varían en función de las disponibilidades presupuestarias. Un elemento, éste, que tiene su reflejo en los calendarios de renovación de los libros y recursos educativos que, en algunos casos se prolonga más de lo razonable. Si bien como norma general, está establecida una vigencia para los libros de texto de cuatro años siguiendo el calendario de implantación de la Ley de Educación, en este caso de la LOMCE, la realidad es que cada Comunidad Autónoma está elaborando su propio calendario de renovación. Como recoge el informe, en la actualidad hay comunidades que han decidido ampliar el periodo de vigencia a cinco años, otras a seis y, otras que, aún manteniendo la vigencia de los cuatro años han decidido cambiar el calendario que había quedado establecido tras la implantación de la LOMCE y crear uno propio, caso de Andalucía, Madrid, Murcia o Valencia.
“Este año, quinto de vigencia de la Ley, debería haberse procedido a renovar los libros de primero, tercero y quinto de primaria, pero esto no se ha producido como norma general. Se crean así diferencias entre los alumnos, ya que unos disponen de materiales actualizados, con mejoras didácticas e innovaciones pedagógicas, mientras que otros no tienen acceso a ellos”, ha explicado José Moyano, presidente de ANELE.
Este caos y desorden en los periodos de renovación dificulta muy seriamente la planificación de la actividad de los diferentes actores que participan en el sector del libro educativo (autores, ilustradores, distribuidores, libreros…) e incide negativamente en las inversiones destinadas a la innovación y la creación de nuevos materiales.
El fracaso del pacto educativo
Los editores, en su informe del curso pasado manifestaron su confianza en que la subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado Social y Político por la Educación diera algunos pasos en positivo. Este año, fracasado el pacto, lamentan la incapacidad de los políticos para alcanzar un acuerdo que todos consideran necesario. En su opinión, los problemas y dificultades que se apuntaron en años anteriores no sólo siguen estando presentes, sino que se han agravado. “El sistema educativo sigue sin tener asegurada la estabilidad, se ha hecho aún más incoherente y la equidad y la inclusión, que están en el corazón de la educación, no sólo no mejoran, sino que se ven cada día más castigadas por los recortes y por la inadecuada asignación de los ya escasos recursos”.
Los materiales curriculares educativos y el gasto familiar
Los editores recogen en el informe una previsión del incremento medio de los precios de los libros de texto para el próximo curso 2018-2019, que estiman en el 1,6%, cifra que, nuevamente, se encuentra por debajo del IPC registrado en el mes de agosto.
En el curso 2017-2018 la facturación en libros de texto al consumidor final fue de 828,82 millones de euros, lo que, si tenemos en cuenta el total del número de alumnos- 8.069.637- da una media real del gasto por alumno de 102,44€.
Si bien es cierto que las medias no reflejan la realidad individual, el informe constata que al menos en cinco comunidades, cuya población escolar suma el 26% del total de los alumnos, sus alumnos no pagan por acceder a los libros de texto. Además, según datos facilitados por las Comunidades Autónomas -tanto en sus publicaciones como en declaraciones a los Medios de Comunicación, más de 2.100.000 alumnos de enseñanzas obligatorias, (Primaria y ESO), es decir, cerca del 50%, reciben algún tipo de ayuda procedente de dichas Administraciones. A ello habría que sumar aquellos que reciben alguna ayuda por el mismo concepto por parte de otras Administraciones (Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos…). Es importante destacar, además, que en etapas como ESO y Bachillerato los segundos usos de los libros de texto alcanzan el 50%.
En su informe, ANELE refleja como el gasto medio por alumno descendió el curso pasado 3,64€ por alumno (-3,43%). En el caso del libro de texto en soporte digital ha seguido disminuyendo con un gasto por alumno similar.
Las ventas de licencias digitales, aunque el catálogo se incrementó y adaptó a las reformas, sólo crecieron ligeramente al pasar de los 26,20 millones euros registrados en el curso anterior a 26,73 millones de euros. Según el informe, se mantienen las razones para que no despeguen las ventas: la falta de una adecuada conectividad; insuficiente inversión en formación del profesorado; y la competencia desleal de las Administraciones Autonómicas que están financiando la creación de materiales en soporte digital ignorando los proyectos y recursos ya disponibles.
Una oferta amplia y variada
Para el curso 2018-2019, las editoriales que forman parte de ANELE han puesto a disposición de la comunidad educativa un catálogo que alcanza los 33.151 títulos en soporte papel en todas las lenguas oficiales, de los que 10.839 corresponden a libros del alumno. En cuanto a la oferta de proyectos editoriales digitales, ha continuado creciendo hasta alcanzar 15.377 títulos, frente a los 13.818 que contaba el catálogo del curso pasado. Conviene señalar, además, que la gran mayoría de los libros de texto impresos incluyen licencias para acceder a contenidos digitales específicos, además de remisiones a sitios web de las editoriales.
Si bien la oferta de títulos pudiera parecer excesiva, hay que tener en cuenta que los currículos propios de las Autonomías exigen, con frecuencia, ediciones específicas para cada territorio. La oferta de títulos y la amplitud del número de editoriales garantizan la pluralidad tanto didáctica y pedagógica como la pluralidad cultural e ideológica, siempre dentro del marco de la Constitución, como hace su artículo, 20 que reconoce y protege los derechos a la producción y creación literaria y a la libertad de cátedra, y del resto de las leyes.
